El Estudio representa a sus clientes en la prevención y actuación judicial en todo tipo de defraudaciones, tanto fraudes como abusos de confianza.

Se ha actuado repetidamente en defensa de los accionistas en supuestos de vaciamiento de empresas, representando también a acreedores que vieron frustrados la percepción de sus créditos por la desaparición dolosa de activos, en casos de ampliación de capital de las sociedades anónimas, cuando existen accionistas minoritarios que no han concurrido a la suscripción del capital; en libramientos de cheques sin fondos; administraciones fraudulentas; desbaratamientos de derechos acordados, etc.

También se interviene en la representación de corporaciones que sufren filtraciones de información confidencial, administraciones fraudulentas y otros delitos cometidos, por ejemplo, por "empleados infieles", proveedores, licenciatarios y distribuidores. Trabajando en conjunto con un cuerpo de investigadores, el Estudio se encarga de acumular y ordenar las pruebas y detectar y prevenir situaciones de conflictos que puedan entorpecer el normal funcionamiento de una empresa. Una vez acumulados los extremos probatorios y acreditado el delito, se promueven las acciones penales pertinentes.

Parte de nuestro proceso de acumulación de pruebas consiste en la producción de "background searchs" y el uso de tecnología (ejemplo, micro cámaras y grabadoras) certificadas por escribano público, y respetando lo establecido por la doctrina y jurisprudencia preponderante en este tipo de actividad.